Representantes de las comunidades Mbya Guaraní Takuapi Mirí y Ychyry han presentado una denuncia penal ante la Justicia contra la empresa Petrovalle por llevar a cabo la tala de árboles en un área reconocida como de uso tradicional. A pesar de que se han detenido las operaciones, el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMiPA) ha cuestionado la facilidad con la que se otorgan permisos a empresas privadas para trabajar en el bosque.
El vocero de EMiPA, Vasco Baigorri, ha informado que las comunidades han presentado una demanda judicial y ahora están a la espera de que el juez notifique a la empresa acusada.
Baigorri ha señalado que la justicia a menudo tarda meses o incluso años en responder a las denuncias presentadas por las comunidades, mientras que cuando son las empresas denunciadas, reciben notificaciones en cuestión de horas.
En relación al daño ambiental denunciado, Baigorri ha explicado que se trata de más de 200 hectáreas en el caso de Petrovalle. Sin embargo, ha mencionado otros casos de conflictos similares entre empresas privadas y comunidades indígenas en Misiones.
Según Baigorri, el Estado provincial es responsable de este daño en la selva, ya que otorgó la propiedad del terreno a las empresas. Ha destacado que este problema va más allá de un solo emprendimiento económico y que involucra al menos a otras cinco empresas que han llevado a cabo acciones similares en territorios de uso tradicional.
El vocero de EMiPA ha recordado que la Ley 26.160 ordenó el relevamiento territorial de ocupación de las comunidades indígenas en función de una ley de propiedad indígena que aún está en discusión. Esto reconoció el territorio de ocupación y uso tradicional de las comunidades, incluso si no tenían un título formal.
Baigorri ha señalado que la empresa Petrovalle aparentemente no cumplió con las medidas requeridas en el permiso otorgado y que no se llevó a cabo una consulta previa y obligatoria con las comunidades indígenas, lo cual invalida cualquier permiso concedido. A nivel provincial, existe un decreto que establece la necesidad de una consulta previa.
El daño ambiental en estas áreas protegidas ha generado preocupación y ha llevado a la intervención de organizaciones internacionales como Greenpeace para documentar y tratar de revertir parte del daño en la selva. El caso de la tala de árboles fue denunciado por las comunidades Guazurarí y Puente Quemado II en Puerto Libertad y Garuhapé. Arauco, la empresa involucrada, ha vuelto a plantar pinos en la zona, lo que ha generado preocupación sobre la recuperación de los árboles nativos.
La intervención de organizaciones internacionales en estos casos es importante para que las noticias lleguen a una audiencia global y se pueda presionar para abordar estos problemas ambientales y de derechos humanos.
Fuente: FM 89.3 Santa María de las Misiones
