El vuelo, que tenía como destino la ciudad de Belo Horizonte, realizó un aterrizaje técnico en Manaos, estado de Amazonas, donde las autoridades brasileñas tomaron medidas inmediatas. La Policía Federal, por orden del Ministerio de Justicia, exigió la «inmediata retirada de las esposas», calificando el hecho como un «flagrante desprecio a los derechos fundamentales».
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó públicamente este acto y enfatizó que la «dignidad de la persona humana» es un principio innegociable en el estado democrático de derecho brasileño. Las autoridades locales, además de garantizar la liberación de los ciudadanos de las esposas, proporcionaron colchones, agua y atención médica a los deportados, quienes pasaron la noche en una sala del aeropuerto.
Lula dispuso el envío de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para trasladar a los deportados a Belo Horizonte, su destino final. Fuentes del gobierno informaron que los ciudadanos llegaron con sus documentos personales y en libertad, lo que demuestra su conformidad con el retorno.
La deportación masiva fue ejecutada en el marco de un acuerdo bilateral firmado entre Brasil y EE.UU. en 2017, aunque el vuelo específico ya estaba programado antes de que Trump asumiera el cargo el pasado 20 de enero. En sus primeros días de gobierno, el mandatario estadounidense ha impulsado medidas drásticas contra la inmigración ilegal, incluyendo el arresto de 538 migrantes y varias deportaciones, como la de 265 ciudadanos hacia Guatemala.
El caso de los brasileños marca el primer incidente diplomático entre Trump y Lula, pese a los esfuerzos del líder sudamericano por preservar la relación histórica entre ambos países.
Además de la respuesta brasileña, otras naciones de la región han comenzado a pronunciarse sobre las deportaciones. La Cancillería mexicana afirmó que seguirá recibiendo a sus connacionales bajo el principio de soberanía y cooperación con EE.UU., luego de reportes sobre problemas en un vuelo de repatriación.
