La medida fue dictada por la jueza Lucila Córdoba, en respuesta a una solicitud presentada por Elba Marcovecchio, esposa de Lanata y abogada de profesión, en medio de un escándalo judicial que involucra denuncias cruzadas con las hijas del periodista.
Según se informó, las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, lo denunciaron a él y a Marcovecchio por el presunto hurto de elementos de gran valor, incluyendo una suma de 50 mil dólares en efectivo, así como joyas y obras de arte. Además, las jóvenes afirmaron que la conducta de Marcovecchio habría afectado negativamente la salud de su padre, en un contexto en el que el periodista continúa internado en la clínica Santa Catalina por complicaciones de salud. Las hijas también señalaron que la esposa del periodista incurrió en gastos excesivos utilizando tarjetas de crédito a nombre de Lanata, alcanzando hasta dos millones de pesos en una joyería, lo cual agravó la disputa familiar.
En respuesta a estas acusaciones y a la creciente exposición mediática que ha suscitado el caso, Marcovecchio solicitó la intervención judicial, alegando que tanto ella como su cónyuge atraviesan una situación de vulnerabilidad, especialmente debido al delicado estado de salud del periodista. En su fallo, la jueza Córdoba prohibió a los medios la difusión de cualquier información relacionada con Jorge Ernesto Lanata, incluidas su imagen, su vida privada, su situación familiar y detalles sobre el proceso judicial en curso. La medida también se extiende a Marcovecchio, cuya imagen y vida privada quedaron igualmente protegidas de la difusión mediática.
El fallo judicial incluye la prohibición de publicar cualquier tipo de información sobre Lanata y su esposa en medios gráficos, audiovisuales y digitales, así como en plataformas web. El documento señala explícitamente que “se prohíbe la difusión de cualquier información relacionada con Jorge Ernesto Lanata, incluyendo su imagen, vida privada, situación familiar y detalles del proceso judicial en curso” y establece una prohibición similar para la abogada.
Esta decisión judicial ha desatado un fuerte rechazo, especialmente desde los sectores que abogan por la libertad de prensa. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que calificó la medida como un acto de “censura judicial”, resaltando la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información, especialmente cuando se trata de figuras públicas como Lanata.
Por su parte, personalidades políticas también han criticado la decisión. La diputada Silvana Giudici, del PRO, expresó su descontento en redes sociales, afirmando que limitar el acceso de los medios a información sobre figuras públicas genera un peligroso precedente que atenta contra el debate democrático y la libertad de expresión.
La controversia en torno al caso no solo ha generado un debate sobre la libertad de prensa, sino que también ha centrado la atención en el conflicto judicial que enfrenta a la familia Lanata. El trasfondo del caso involucra no solo acusaciones sobre el manejo del patrimonio del periodista, sino también preocupaciones sobre su estado de salud. A medida que la causa avanza, el bozal legal impuesto por la jueza Córdoba impide a los medios de comunicación informar sobre cualquier nuevo desarrollo.