La Cámara Federal de Posadas ha notificado recientemente al juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, que debe continuar con la investigación y esforzarse por esclarecer la muerte de los gendarmes misioneros Carlos Fabián Antúnez y Diego Javier Aranda. Los cuerpos de los gendarmes fueron rescatados sin vida del río Paraná, debajo de la cabecera del puente internacional San Roque González de Santa Cruz el 19 de septiembre de 2001.
La Cámara Federal coincidió con el juez Federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quien rechazó la excusación por inhibición presentada por Guerrero a fines de septiembre de este año.
El magistrado Guerrero argumentó que su función se encontraba al límite de su capacidad, citó problemas de salud y la falta de recursos integrales para su juzgado. Sin embargo, Gallandat sostuvo que las causas de decoro y delicadeza no se consideran causales de inhibición y que los jueces deben estar preparados para los disensos y los embates de las partes. Guerrero también alegó una sobrecarga de trabajo, pero Gallandat señaló que esto no es una razón para inhibirse y que existen otros medios para evitar que las circunstancias que podrían considerarse transgresiones contra la investidura del juez continúen.
La causa se ha mantenido sin progresos significativos durante cinco años, y la versión oficial sostiene que los gendarmes murieron accidentalmente mientras perseguían a un presunto contrabandista de cigarrillos. Sin embargo, la querella argumenta que los jóvenes fueron asesinados al ser arrojados al agua. La falta de una autopsia inmediata después de sus muertes ha sido un punto de controversia en este caso.
