La localidad de Garupá se encuentra en el centro de la polémica tras las denuncias contra el intendente Luis «Lucho» Ripoll, acusado por vecinos y concejales de haber cercado y destinado un espacio público recreativo a la instalación de una fábrica, sin consulta ni explicaciones previas.
El terreno en cuestión, por ordenanza municipal, estaba destinado a convertirse en un área de esparcimiento para la comunidad. Sin embargo, a principios de este año, los vecinos comenzaron a observar movimientos inusuales en el predio. Posteriormente, se levantó un costoso muro perimetral que rodeó completamente el lugar, y, sin aviso alguno, se instalaron estructuras propias de una planta industrial.
Los residentes manifestaron su preocupación y malestar, resaltando que esta decisión contradice la normativa local y representa una falta de transparencia en la gestión pública. Frente a esta situación, concejales de la oposición solicitaron al Ejecutivo Municipal un informe detallado sobre el cambio de destino del terreno. Sin embargo, este pedido fue ignorado por el intendente.
Ante la falta de respuestas, los vecinos elevaron una denuncia penal y exigieron la formación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos. Pese a ello, la propuesta no logró avanzar debido al rechazo de los ediles oficialistas, quienes bloquearon la iniciativa.
Según testimonios, varios habitantes intentaron dialogar directamente con el jefe comunal, pero fueron expulsados del lugar sin obtener información concreta. «Nunca nos dio una explicación», señalaron los vecinos, quienes denuncian una evidente falta de diálogo y posibles irregularidades en el uso del espacio público.
