El Gobierno nacinal busca implementar medidas para desregular y simplificar el proceso burocrático en dos sectores clave: el aerocomercial y el de ómnibus de larga distancia.
Según argumentan, esta iniciativa busca no solo aliviar la carga administrativa para las empresas, sino también fomentar la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios. Si bien aún se encuentran en etapa de discusión, estas medidas podrían marcar un hito en la política de transporte del país.
En el ámbito aerocomercial, una de las principales propuestas es eliminar las audiencias públicas que actualmente son requisitos para que las aerolíneas soliciten nuevas rutas. Esta medida se alinea con la política de «cielos abiertos» del Gobierno, que busca promover la libre competencia y facilitar la entrada de nuevas empresas al mercado. Con la digitalización de trámites y la simplificación de regulaciones, se espera que más compañías puedan ofrecer servicios aéreos, ampliando así las opciones para los pasajeros.
Desde la implementación del DNU 70/2023 por el presidente Javier Milei, se ha marcado un cambio significativo en la política aeronáutica del país. Este decreto eliminó la exclusividad en la autorización para operar rutas aéreas, promoviendo una competencia más abierta y dinámica. Según lo establecido en el mismo, se busca fomentar la conectividad internacional y de cabotaje, así como garantizar la seguridad en el transporte aéreo bajo los principios de libertad de mercado.
En lo que respecta al transporte terrestre de larga distancia, aún hay aspectos que están en proceso de definición. Sin embargo, se perfila una dirección clara: permitir que las empresas registradas puedan operar en cualquier punto del país, sin restricciones geográficas impuestas por el Estado. Esta medida podría significar un cambio significativo en el modelo actual, donde las regulaciones obligan a los ómnibus a pasar por ciudades con menor afluencia de pasajeros para garantizar la conectividad.
Una de las principales preocupaciones es cómo afectará esta desregulación a las comunidades más pequeñas, que podrían perder servicios de transporte si las empresas deciden no operar en esas zonas. Sin embargo, se espera que el mercado se ajuste de manera natural, con la posible inclusión de empresas locales más pequeñas que cubran esas rutas desatendidas.
No obstante, el Gobierno reconoce que la legislación laboral es un factor crucial a considerar en este proceso. Las empresas de transporte de larga distancia están sujetas a convenios colectivos más estrictos que aquellas que ofrecen servicios más cortos, lo que puede afectar su competitividad. Por lo tanto, cualquier medida que se tome debe tener en cuenta el impacto en el empleo y garantizar condiciones justas para los trabajadores del sector.
La propuesta del Gobierno de desregular el transporte aéreo y terrestre de larga distancia tiene como objetivo principal eliminar trabas burocráticas, fomentar la competencia y mejorar la oferta de servicios para los pasajeros. Si se implementan adecuadamente, estas medidas podrían abrir nuevas oportunidades para las empresas y brindar una mayor flexibilidad y variedad de opciones para los usuarios del transporte en Argentina. Sin embargo, el impacto en todas las partes involucradas, especialmente en las comunidades más remotas y en los trabajadores del sector podría verse afectado.
