Suspendieron a funcionaria judicial que habló con Germán Kiczka estando prófugo. Se trata de Carla Dalmaroni, secretaria del Juzgado de Paz de Apóstoles y pareja del abogado del exdiputado. Fue notificada ayer de la medida por una comisión del Superior Tribunal de Justicia. Quedó supeditada a la investigación penal de Miguel Faria, que podría definir su continuidad en el sistema judicial. Sebastián no declaró.
El Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) decidió tomar medidas con la secretaria del Juzgado de Paz de Apóstoles, Carla Dalmaroni.
Se pudo saber que la funcionaria y pareja del abogado defensor del ex diputado Germán Kiczka, fue suspendida en sus funciones por 30 días, a contar desde ayer.
Este se supo que a primera hora del jueves, la conducción del Poder Judicial envió una comisión especial desde Posadas a Apóstoles para notificar personalmente a Dalmaroni.
La medida preventiva del STJ, que preside Rosanna Pia Venchiarutti, se originó en la notificación que le hizo el juez penal de Apóstoles, Miguel Angel Faria, sobre la existencia de llamados con el ex diputado, Germán Kiczka (Activar) durante su clandestinidad, cuando tenía pedido de captura internacional, mediante alerta roja de Interpol.
Según se pudo saber de fuentes oficiales, el juez Miguel Ángel Faria cuenta con un informe pericial de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC), donde consta que Dalmaroni recibió una llamada desde el teléfono del cuidador del balneario de Loreto (usado por Kiczka para evitar ser rastreado con su aparato celular) el 22 de agosto pasado (fecha en la que era buscado hasta por Interpol con alerta roja) a las 21.40 horas, que duró 633 segundos, estando vigente la detención, luego del levantamiento de los fueros.
No fue la única: hubo 4 llamados más el 28 de agosto entre las 20.56 y 21.40 de 633 segundos, lo que equivale a 10 minutos y 55 segundos.
Como funcionaria judicial, Dalmaroni estaba obligada a informar de las mismas al tratarse de un prófugo del Poder que representa.
Las mismas fuentes explicaron que la suspensión a la mujer podría ampliarse por otros 30 días si el juez de la causa penal no toma una decisión sobre la situación de la misma. Si Miguel Faría la incluye en la investigación o la imputa, Dalmaroni podría quedar excluida de su cargo judicial.
Sebastián fue, pero su abogado no
En paralelo con la sanción a Dalmaroni, su pareja, el letrado Gonzalo de Paula, decidió no presentarse a acompañar a Sebastián Kiczka para la audiencia indagatoria ante el magistrado apostoleño Faría.
De hecho, en medio de mucha expectativa por la coartada que el mencionado podía expresar, el detenido fue trasladado a la sede del Juzgado de Instrucción de Apótoles desde la UP de Cerro Azul y se negó a realizar cualquier declaración sin su abogado. Por esa razón, se labró el acta respectiva y Kiczka volvió a su celda de la UP mencionada.
Según confiaron fuentes oficiales a este Diario, de Paula habría pedido a último momento posponer la audiencia y el Juez de Instrucción le habría rechazado tal solicitud, al entender que la fecha y hora habían sido notificados con suficiente antelación. Ahora, resta esperar conocer si el abogado defensor reitera la solicitud de excarcelación o el pedido de una nueva audiencia.
Una funcionaria del STJ fue denunciada por robarle cuatro mil dólares a su exesposo
La causa penal por “hurto y violación de domicilio” se inició el 6 de septiembre con el allanamiento a un departamento en el microcentro posadeño donde reside la acusada por su expareja de ingresar a su estudio jurídico y sin forzar cerraduras y llevarse el dinero de un cajón de escritorio.
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO. Pocos minutos después de las 13.30, según se investiga, sale del edificio de calle 25 de Mayo 1687 la denunciada por el hurto.
Los pasillos del Palacio de Justicia son recorridos desde hace dos semanas por una denuncia penal y un petitorio de medidas ante los ministros del Superior Tribunal de Justicia por un hecho de “hurto y violación de domicilio” que involucra a una funcionaria con jerarquía en la Superintendencia del máximo escalafón de la administración judicial provincial.
De acuerdo a los documentos y fuentes obtenidas y consultadas, el expediente está en manos del juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, pero se inició ante la denuncia directa ante la fiscal respectiva, Adriana Marcela Verónica Herbociani, desde el viernes 6 de septiembre y apunta a un abogado de 54 años que se desempeña en el fuero civil y que acusó a su exesposa de haber ingresado a su estudio jurídico y robarle cuatro mil dólares de un cajón de su escritorio.
Como evidencias y pruebas de parte, el denunciante aportó testigos y videos de cámaras de seguridad que mostrarían el ingreso, con llaves en mano, de la secretaria de la Superintendencia del STJ al edificio y a la oficina del segundo piso de la calle 25 de Mayo 1687 (casi San Martín, al lado de la vivienda que habita el gobernador Hugo Mario Passalacqua y a menos de 50 metros del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial), donde se habría concretado el delito, según lo detallado en la presentación penal.
El mismo día de la denuncia ante la Justicia, se ordenó un allanamiento a un departamento por calle San Martín (a ocho cuadras del estudio jurídico) donde reside la funcionaria de 44 años con sus dos hijos adolescentes.
El procedimiento fue desplegado por investigadores policiales pero encabezado por el juez Fernando Verón y no se hallaron rastros de los billetes estadounidenses.
Las mismas fuentes remarcaron a este Diario que el vínculo civil entre ambos protagonistas, denunciante y denunciada, está legalmente disuelto desde hace más de un año.
El abogado patrocinante de la presunta víctima del hurto millonario (en pesos) presentó tres testigos y los registros de cámaras de seguridad. En el caso de las imágenes digitales ya habrían sido cotejadas por peritos de la Justicia y confirmado que la mujer que ingresa y sale del edificio y oficina de la calle 25 de Mayo, es la letrada y secretaria del STJ.
Entre los pasos siguientes que se esperan en la causa, resta aún que el juez Verón acepte como querellante al denunciante. Según voces incuestionables entre despachos judiciales, se pudo establecer que la solicitud fue realizada en tiempo y forma y que fue rechazada por la defensora oficial que asumió el patrocinio de la funcionaria.
Vale agregar que los ministros del STJ deberán analizar, se estima que durante los próximos días, el petitorio e informe que presentó ante la presidente Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, el abogado representante de la víctima en esta causa.
“Las cámaras no remiten dudas”, resaltaron las fuentes y apuntan a que la funcionaria denunciada es la que ingresa al edificio a las 13.23 del viernes 28 y con las llaves abre sin inconvenientes todos los accesos hasta el estudio jurídico.
Según la presentación ante la fiscal Herbociani, el dinero robado era parte del cobro de honorarios por una sucesión que llevó adelante el abogado especialista en el fuero laboral y civil misionero.
Fuente: Primera Edición
