El viernes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires levantó la clausura del estadio de Boca Juniors tras el partido entre la selección argentina y Uruguay. La medida permitió comenzar los preparativos para utilizar el estadio en las elecciones del club el 2 de diciembre. Aunque las autoridades del club alegaron que no se superó la capacidad permitida durante el partido, el estadio fue clausurado por el Gobierno, lo que Boca consideró como un acto de animosidad hacia la institución.
El club mencionó que esta acción evidencia una hostilidad reiterada, expresada en varios episodios a lo largo del año. El equipo legal de Boca también denunció una persecución a los dirigentes del club por parte de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La Agencia de Control Gubernamental había clausurado La Bombonera por supuestamente exceder la capacidad durante el partido entre Argentina y Uruguay, a pesar de la negativa de Boca en un comunicado oficial.
Estos acontecimientos suceden en un contexto de elecciones en Boca, donde el oficialismo, representado por Juan Román Riquelme, se enfrenta a la oposición liderada por Mauricio Macri. Esta clausura se produce justo cuando se anunciaba que las elecciones se llevarían a cabo dentro del estadio, lo que ha generado tensiones y especulaciones sobre posibles motivos políticos detrás de la medida.
Además, se mencionó que la Fiscalía de la Ciudad Especializada en Eventos Masivos investiga a la dirigencia de Boca y al hermano de Riquelme, Cristian, por venta ilegal de entradas y asociación ilícita con miembros de la barra brava del club. Estas circunstancias llevaron a Riquelme a denunciar una persecución hacia su familia y a pedir que cese este hostigamiento.
