Existen más de 600 deudores alimentarios registrados en Misiones. Desde comienzos de año se sumaron alrededor de 30 alimentantes morosos más. A esto se suma que el costo de la canasta crianza, que se utiliza como referencia para los litigios, arrojó que los hogares necesitan entre $408.372 y $513.720 para cubrir los gastos de un niño, según su edad.
En Misiones, ya son 633 las personas registradas como deudoras de la cuota alimentaria, y solo en lo que va del año se sumaron alrededor de 30 nuevos alimentantes morosos. El número crece al mismo ritmo que se encarece el costo de mantener a un niño o niña en el contexto nacional según indica el índice de Canasta Crianza.
En el registro del STJ figuran aquellos progenitores que adeuden al menos dos meses en la transferencia del dinero. Asimismo, desde el sistema judicial se contemplan penalizaciones para quienes incumplen, dado que deben presentar certificado de libre deuda para poder realizar trámites en organismos públicos.
A su vez, la Canasta Crianza -herramienta que se utiliza como referencia en los procesos judiciales para la fijación de la cuota alimentaria- reveló que en marzo las familias necesitaron entre 409 mil y más de 513 mil pesos mensuales para cubrir los gastos de un niño, dependiendo de su edad.
Los valores detallan que criar a un bebé menor de un año costó $409.414, mientras que para los niños de entre 1 y 3 años la cifra ascendió a $486.393. En el caso de los niños de entre 4 y 5 años, se necesitaron $408.372, y para la franja de 6 a 12 años, el monto llegó a $513.720, el más alto de todos.
Esta canasta contempla tanto bienes y servicios esenciales como los costos de cuidado, que incluyen el salario de personal doméstico. Su implementación tiene como objetivo visibilizar el valor económico de las tareas de cuidado, históricamente no remuneradas y realizadas principalmente por mujeres, y sirve como parámetro clave en los litigios por el pago de la cuota alimentaria.
En este contexto, el incumplimiento no solo representa una falta legal, sino también una vulneración directa a los derechos de niñas, niños y adolescentes, que ven comprometido su desarrollo por la falta de recursos básicos en una economía cada vez más exigente.
