Desde la implementación de la reciente desregulación por parte del gobierno de Javier Milei, las obras sociales y prepagas han comenzado a planificar aumentos para el año 2024. Estos ajustes se prevén en un contexto donde se acumula un atraso del 40% correspondiente al año 2023, según informa la Unión Argentina de la Salud (UAS).
La medida de desregularización, efectivizada el 23 de febrero, ha generado un cambio significativo en el panorama de la salud privada en Argentina. Anteriormente, cualquier aumento requería autorización de la Superintendencia de Servicios de la Salud. Ahora, las empresas tienen mayor libertad para fijar sus tarifas.
El aumento promedio informado para marzo se estima en un 25%, y se prevé un porcentaje similar para abril. Estos ajustes se sumarían a los incrementos sustanciales registrados en enero y febrero, que superaron el 40%. En total, los aumentos acumulados de los dos primeros meses del año superarían el 75% respecto a diciembre.
El Gobierno estableció otro cambio importante: las prepagas deberán destinar un 20% de su recaudación al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a cubrir prácticas y tratamientos médicos de alto costo. Además, se permitirá que los trabajadores deriven sus aportes salariales a una prepaga sin necesidad de intermediación de una obra social.
La medida, anunciada hace dos meses, aún no se ha aplicado, pero permitirá a las prepagas recibir aportes del sistema de seguridad social. No obstante, estas empresas podrán seguir estableciendo precios y aumentos según consideren necesario.
El objetivo del Gobierno es reducir la inflación a un dígito para abril, lo que sería una señal positiva para la economía. Sin embargo, las subas en tarifas de servicios públicos y transporte podrían afectar esta meta. El ministro de Economía espera que la inflación de marzo no supere el 15%, buscando especialmente un control en el aumento de precios de alimentos básicos como la carne y el pollo.
