Un vehículo en depósito judicial, una entrega irregular de armas y una externación están en la mira. El exjuez Rubén Lunge fue denunciado por supuestos hechos de prevaricato.
A poco más de dos meses de dejar de pertenecer formalmente al Poder Judicial de la provincia de Misiones y jubilarse como juez Correccional y de Menores de Puerto Rico, el letrado Osvaldo Rubén Lunge fue denunciado por supuestos hechos de prevaricato que habría cometido durante su ejercicio como magistrado subrogante en el Juzgado de Instrucción Uno de la mencionada localidad.
Justamente, quien impulsó la presentación es el actual titular de este último juzgado, el juez Manuel Balanda Gómez, quien a mediados de abril pasado denunció ante la Fiscalía de Puerto Rico hechos ocurridos durante el 2023 y en lapsos donde este último estuvo de licencia en sus funciones al frente de su juzgado.
Por otro lado, al quedar actualmente a cargo de forma provisoria del juzgado donde hasta hace pocos meses encabezaba Lunge, Balanda Gómez pidió una auditoría para determinar si no existieron dictámenes o determinaciones similares en contra de ley por parte del apuntado.
A partir de lo que pudo saber El Territorio con fuentes confiables, se trata de un escrito de más de 20 páginas, en donde se adjuntó documentaciones que señalan a Lunge como responsable del dictado de resoluciones en contra de la ley.
Según estipula el artículo 269 del Código Penal “sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.
Y además, aclara que “si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua”.
Si bien, voceros consultados indicaron que no existirían riesgos procesales que pudieran derivar en una posible detención, sí el exmagistrado podría ser punible con una multa económica e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Esto último obviamente deberá ser probado a partir del proceso investigativo que ya se puso en marcha.
Cabe resaltar que estas acusaciones ya fueron remitidas al fiscal de Instrucción de Puerto Rico, Héctor Simon, quien trabaja en el análisis de la presentación y de los pasos a seguir.
Tres hechos en un año
Según los datos que pudo recabar este matutino, el primer hecho que se le indilga a Lunge estaría vinculado con un vehículo Chevrolet Onix que en 2021 quedó en depósito policial, luego de la muerte de su propietario, un vecino de Puerto Rico, por causas naturales.
El hombre, tiempo antes de morir, vendió su casa a un vecino, quien dejó al fallecido que viva en el inmueble hasta que este último pudiera reunir suficiente dinero para viajar al sur del país para residir con un hijo.
Pero ante el inesperado desenlace mortal, el vecino entregó a la Policía voluntariamente el coche que era de su conocido.
Es aquí que en 2023, durante una de las licencias de Balanda Gómez, un trabajador judicial que aparentemente cumplió funciones dentro del mismo juzgado en donde era juez Lunge se presentó en el momento en que este último estuvo subrogando el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Y con dos testigos presentaron un pedido de posesión del vehículo en cuestión y que derivó en la firma de un depósito judicial a nombre del demandante.
Puntualmente, lo que se acusa en este caso particular es que Lunge comprometió esa resolución, desoyendo incluso la opinión de una secretaría del juzgado que subrogaba y que en ese momento advirtió que sobre el vehículo no pesaba ninguna causa judicial, ni pedido de secuestro por algún otro motivo irregular.
Luego, en un segundo hecho, se apunta a Lunge de haber entregado presuntamente de forma irregular varias armas de fuego que en 2017 habían sido secuestradas durante un operativo de la Policía de Misiones.
Tras un frustrado llamado a indagatoria al hombre a quien se le había secuestrado las armas, y en donde el juez instructor por aquel entonces en ese expediente era el propio Lunge, la causa habría quedado “planchada”.
Aunque años más tarde, y durante una reestructuración de causas de varios años de instrucción a partir del ingreso al juzgado de Balanda Gómez, se decidió reactivar dicho expediente.
Es allí cuando en 2023, en una de las licencias de Balanda Gómez y con el exfuncionario apuntado nuevamente como subrongante, se habría presentado un vecino de Puerto Rico con un escrito firmado a mano en donde afirmaba haber heredado dichas armas.
Esa presentación data de un mensaje de puño y letra en donde el demandante adujo ser el beneficiario de las armas, pero que aparentemente, ya a partir de algunas pesquisas hechas posteriormente por Balanda Gómez, habría sido confeccionado un día antes de la muerte de su antiguo propietario.
Todo esto, según el certificado de función exhibido oportunamente.
Polémica externa
Finalmente, el tercer episodio que salpicaría al exjuez correccional tiene que ver con la firma de una externación de un paciente de 29 años y que contaba con un informe médico que certificaba ser un paciente peligroso para sí y para terceros por su delicado cuadro de salud mental.
Se trata de Micael Pablo W. (32), quien la madrugada del 15 de diciembre de 2022 -en plena celebración del Mundial de Fútbol Qatar 2022- atacó a golpes a sus padres en la vivienda de éstos en la localidad de Garuhapé.
En esa oportunidad, vecinos de la zona dieron aviso a la Policía del ataque, pero cuando llegaron al inmueble, el hombre escapó en su Fiat Palio.
La investigación de ese hecho indicó que Micael habría confundido a una de las vecinas que lo denunció como miembro de la fuerza provincial, lo que lo llevó a manejar directamente hasta la Comisaría de la Mujer de Puerto Rico.
Allí, tras irrumpir con un arma blanca, atacó con cuatro estocadas a la cabo primera Vanesa Medina, que en ese momento de la madrugada se encontró de guardia en la dependencia.
Como consecuencia de ello, Medina fue derivada de urgencia al hospital Samic de Eldorado, donde fue intervenida quirúrgicamente. Aunque luego regresó al hospital de área en Puerto Rico, donde por fortuna se recuperó favorablemente.
En tanto que el atacante fue detenido horas más tarde durante un operativo cerrojo en El Alcázar cuando intentaba escapar en dirección a Oberá.
Luego de avanzar en la instrucción de la investigación por este hecho, y al anunciarse mediante antecedentes médicos de que el agresor padecía de cuadros de esquizofrenia y paranoia, se avanzó en la declaración de inimputabilidad para el acusado.
Sobre todo, luego de que una junta médica elevara un informe en donde hacía constar que el detenido era considerado “muy peligroso para sí y para terceros”. Lo que echaba por tierra cualquier pedido de prisión domiciliaria en aquel momento.
Aunque es aquí en donde, según la reciente presentación contra Lunge, este último en mayo de 2023 hizo lugar luego de una medida de seguridad a un pedido de externación presentado por la defensa del acusado. Y que incluyó en ese momento la firma de tres testigos terapéuticos.
Es aquí donde se apunta al exjuez de haber tomado dicha determinación desoyendo el criterio del fiscal y de los médicos forenses que elevaron un informe en donde se detallaba la salud mental del acusado.
“Desconozco esta acusación”
Luego de conocerse la denuncia por presunto prevaricato contra el exmagistrado, quien estuvo más de tres décadas cumpliendo funciones en Puerto Rico dentro del ámbito judicial hasta su reciente jubilación, El Territorio dialogó con Rubén Lunge.
Ante la consulta de este matutino reconoció su total sorpresa en torno a la novedad, ya que manifestó que no estaba al tanto de la presentación en su contra.
«Me estoy enterando por ustedes de esta presentación, yo no he sido notificado de nada hasta el momento. La verdad que desconozco totalmente está acusación», sostuvo brevemente el letrado sobre el motivo de la consulta.
Y además adelantó que una vez que sea notificado debidamente del proceso iniciará los pasos legales de rigor para ponerse a derecho.
Cabe resaltar que Lunge, actualmente continúa con su preparación de cara a las próximas elecciones del 8 de junio en la cual encabeza una lista de candidatos a concejales en Puerto Rico por el sublema Consenso y Construcción por el Frente Renovador de la Concordia.
Denuncia paralela
En paralelo a los casos expuestos por Balanda Gómez, el último viernes se presentó ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico un vecino de Jardín América que denunció formalmente a un funcionario judicial cercano en su momento a Lunge, como quien le habría cobrado una millonaria suma de dinero por acordar un juicio abreviado para su hijo.
Al parecer, se trataría del mismo funcionario judicial al que el exjuez le habría otorgado el vehículo en depósito judicial y que representa uno de los casos denunciados por Balanda Gómez en su más reciente acusación.
Sobre este último caso, la denuncia apunta a una serie de encuentros que este trabajador judicial habría tenido fuera del Juzgado Correccional y de Menores de Puerto Rico, en donde le habría pedido distintas sumas de dinero al denunciante para beneficio de su hijo detenido.
