Una oficial de policía de 33 años, asignada a la comisaría Primera de la Unidad Regional IV en Puerto Rico, se encuentra bajo investigación por presuntamente cobrar dinero a sus camaradas a cambio de promesas para obtener beneficios dentro de la fuerza, como ascensos, traslados o ingresos para familiares.
La acusada, quien ostenta el rango de oficial principal, ha sido detenida en su domicilio desde la semana pasada mientras se lleva a cabo la investigación. Las acusaciones se centran en el presunto cobro de dinero a través de transferencias electrónicas, supuestamente para asegurar beneficios especiales para otros policías.
Según las denuncias, la oficial habría manipulado los procesos regulares para beneficiar a sus camaradas, basándose en supuestos contactos dentro de la fuerza. Hasta el momento se han presentado siete denuncias, y se estima que las sumas de dinero involucradas oscilan entre los 150 y 800 mil pesos, dependiendo del tipo de «beneficio» solicitado por el policía.
Las promesas realizadas por la acusada incluyen traslados, ingresos a la fuerza para familiares y ascensos anticipados. Estos últimos son los pedidos más comunes entre las víctimas, quienes creían que la oficial tenía acceso a altos mandos dentro de la fuerza.
La mujer fue interrogada por el juez Leonardo Manuel Balanda Gómez y optó por no declarar. Se le imputan cargos por estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y permanecerá en arresto domiciliario debido a que tiene a su cargo una hija recién nacida.
Por otro lado, los denunciantes también están bajo investigación, ya que se sospecha que podrían haber incurrido en el delito de exacciones ilegales al pagar por los supuestos beneficios. Según el Código Penal Argentino, aquellos que entreguen dinero para obtener favores ilegales de funcionarios públicos pueden enfrentar hasta cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.