En una jornada marcada por la suspensión del servicio de transporte público de pasajeros en la provincia de Misiones, el sector empresarial ha levantado su voz para denunciar la inaplicabilidad de un acuerdo salarial que ha generado controversia en el ámbito del transporte.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la Tierra Colorada convocó a un paro que se extendió desde la medianoche hasta las 17 horas del día, en protesta por el incumplimiento de un acuerdo destinado a evitar la suspensión de actividades en días anteriores. Según Horacio Alvez, secretario general de la UTA, el incumplimiento del pago de haberes alcanza aproximadamente el 60%, lo que motivó la medida de fuerza.
Sin embargo, en medio de esta situación, una parte del sector empresarial ha expresado su descontento con el acuerdo alcanzado, argumentando que no fueron convocados a la reunión paritaria y que el acuerdo es de difícil cumplimiento sin la ayuda del Estado o una actualización automática de tarifas.
Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones (Caemtap), explicó que el acuerdo se llevó a cabo entre el Estado provincial, representado por la Subsecretaría de Transporte, el Ministerio de Trabajo y Hacienda, el gremio UTA y Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta). Sin embargo, Fouce señaló que Euta no representa adecuadamente al sector de media distancia y que las empresas pertinentes no fueron invitadas a la reunión.
El acuerdo implica un pago no remunerativo y la aplicación de una nueva escala salarial con un monto de $700.000 al básico de marzo, lo que generó preocupación en el sector empresarial por la falta de claridad sobre cómo las empresas podrían hacer frente a estos compromisos.
Ante esta situación, Fouce anticipó que se presentará una acción legal formal contra el acuerdo, ya que consideran que no es aplicable al sector y que se necesita una mayor transparencia en las negociaciones. Asimismo, el paro convocado por la UTA se considera legal, ya que el incumplimiento del acuerdo afecta a los trabajadores del sector. Sin embargo, Fouce subrayó la necesidad de una resolución que beneficie a todas las partes involucradas y no solo a un grupo selecto de empresas.