Mientras la causa que investiga una asociación ilícita para el contrabando de soja conformada por empresarios y efectivos de Gendarmería Nacional avanza, el comandante de la fuerza federal Marcos Antonio Duette accedió a la prisión domiciliaria y ya se encuentra en Misiones con una tobillera electrónica.
Como informó este medio en febrero, el exjefe del Escuadrón de Oberá accedió al beneficio de la prisión domiciliaria por parte de la Justicia Federal, que impuso una caución real de 5 millones de pesos. En su momento, el monto no había sido cubierto, pero El Territorio pudo confirmar que finalmente la situación se resolvió.
Al respecto, desde hace unas tres semanas – desde el 15 de marzo – está alojado en una vivienda de la localidad de Eldorado, inmueble que fue aprobado para su estancia luego de una inspección de la Policía de Misiones. Llegó proveniente de la Unidad 35, Instituto Penal Federal de Colonia Pinto, de la provincia de Santiago del Estero.
Sin embargo, no es la única novedad que recibió el centinela. Según fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de la Nación, días después de su traslado a la tierra colorada la Cámara Federal de Posadas decidió no hacer lugar a un recurso de Casación interpuesto por su defensa ante la confirmación del procesamiento con prisión preventiva que se conoció en diciembre último.
La causa, cerca de juicio
Por la investigación, la mayoría de los 12 implicados espera el avance de la pesquisa en libertad. Al respecto, los voceros consultados expresaron que se aguarda la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones sobre un recurso contra el procesamiento del último de los detenidos.
Una vez que esto se resuelva, el expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio. De todas formas, no hay precisiones de cuándo podría ocurrir debido a la cantidad de detenidos, con sus respectivas defensas, quienes tendrán la posibilidad de apelar en distintas instancias.
Lo que está claro es que entre los más comprometidos por la investigación se encuentran el ex comandante Duette y Santiago Marino, uno de los dueños de un imponente complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en Florentino Ameghino. Marino en la actualidad es candidato a la intendencia de Mojón Grande.
En total, son ocho los implicados con procesamiento firme. Los demás procesados son Juan Carlos Tivano -pareja de Marino-, Ricardo Fabián Gómez -también efectivos de Gendarmería Nacional-, Marcelo Rubén Da Silva, Ricardo Hildebrandt y Francisco Eladio Morel.
Todos están acusados por los delitos de asociación ilícita, en concurso ideal, con el de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad, en carácter de coautor.
Marino es considerado como el organizador de la asociación ilícita, mientras que Duette suma el delito de cohecho pasivo y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor. Gómez es señalado como partícipe necesario, en concurso real con el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público en carácter de autor.
La investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria reconstruyó que Santiago Marino conseguía los proveedores de la soja, organizaba el transporte de los camiones, emitía documentación propia o también a través de terceros para esos envíos, establecía los lugares de carga y descarga, de ocultamiento o acopio, para lo cual contaba con depósitos o utilizaba el de terceros, que luego a través de un sistema de “campanas” y hombreadores y paseros, lograba enviar la soja y otros granos al país vecino de Brasil”.
Según el procesamiento el hombre era quien “coordinaba y tenía pleno dominio de toda la actividad ilícita llevada a cabo” y que para eso contaba con el apoyo de las fuerzas de seguridad, especialmente con Duette.
La evidencia que obra en el expediente apunta que el comandante, uno de los jefes más importantes de la fuerza federal en Misiones, respondía a Marino. Era su subordinado en la organización y se encargaba de cumplir a todas las demandas para que el empresario no tuviera inconvenientes en el transporte de su mercadería.
En varias oportunidades quedó de manifiesto su obsecuencia cuando le preguntaba si estaba todo bien y ante la respuesta le decía, “si vos estás tranquilo yo estoy bien”. En una ocasión, sabiendo que Marino estaba sin luz en su casa, se puso a disposición para lo que necesitara.
El hijo de Duette trabajaba en el complejo de Marino y hay evidencia de que el gendarme recibió cubiertas, además de una promesa de una casa sobre la costa del río Uruguay en el mencionado complejo.
En una conversación transcrita en el expediente revela la relación que ambos tenían, en una oportunidad que ambos estaban en la localidad de El Soberbio. Duette le comentó que estaba trabajando “a full” en allanamientos en la localidad a lo que Marino le respondió: “Que no sea en los galpones de cereal jajaj. Si estás por la zona te busca Ricardo y vení a comer con nosotros”.
Ricardo es Gómez, también efectivo de Gendarmería Nacional a quien Duette le alivió las tareas para que sea chofer y guardaespaldas de Marino. Con jerarquía de sargento, a Gómez se le asignaron varias tareas en toda la maniobra, desde cobrar hasta ser puntero de camiones. Es otro de los que aún está detenido.
En cifras
$5 millonesLa Cámara Federal de Apelaciones le concedió el beneficio de prisión domiciliaria en febrero, estableciendo una caución de 5 millones de pesos.
Liberación de la zona
Siempre según la información que obra en la causa, la Justicia considera que para el éxito de la maniobra, Duette se encargó de liberar las rutas nacional 14 y costera 2, dejando solamente un control fijo en el ingreso a Guaraní. De esta forma, se aseguraba que los camiones circulen sin inconvenientes, con lo que implica una “zona liberada” en una provincia como Misiones: no se controlaba la soja, pero tampoco contrabando o narcotráfico. En tanto, si un camión era detenido, el comandante se comunicaba directamente y ordenaba que se libere el vehículo sin notificar a autoridades judiciales o tributarias. Algunos efectivos de la fuerza declararon en sede judicial que fueron trasladados arbitrariamente luego de hacer procedimientos de este tipo.
Fuente: El Territorio