Luego de allanar la sede el martes, la presidenta del Concejo Deliberante de Colonia Delicia, Lorena Soto, tuvo que declarar el jueves ante la Justicia y decidió suspender las sesiones hasta agosto. La investigación se debe a una denuncia realizada por dos concejales sobre la falsificación de documentos públicos, incluyendo ordenanzas y actas. También fue denunciada la secretaria del cuerpo, Soledad Bustamante, por su rol en la firma y responsabilidad del libro de actas.
Soto argumentó que la suspensión de las sesiones se debe a la falta del libro de actas, que fue secuestrado por la Justicia durante el allanamiento. La denuncia, presentada por el concejal Pablo González, incluye pruebas que señalan la falsificación de una ordenanza de aumento salarial para los municipales, que fue rechazada en la sesión del 18 de abril. Sin embargo, el intendente Carlos Wern informó a los municipales que la ordenanza había sido aprobada, generando confusión y reclamos.
Además, el libro de actas de esa sesión indica que los concejales votaron el balance de 2023 sin haber tenido acceso al documento, mientras que el acta certificada enviada al Tribunal de Cuentas asegura que hubo un debate y análisis previo, lo cual los concejales denuncian como falso.
González y el concejal Miguel «Toti» Tarnoski sostienen que la Justicia ha actuado basándose en pruebas contundentes. Soto, por su parte, respondió mediante una nota escrita, alegando que la ordenanza se aprobó por un error de la secretaria y que fue promulgada automáticamente por el intendente Wern. Para corregir el error, se propondrá otro proyecto para derogar la ordenanza aprobada involuntariamente.
La situación ha generado tensiones políticas, con Tarnoski acusando al intendente de intentar perjudicarlo políticamente al sostener que los bajos aumentos salariales se debían a una ordenanza suya, que él afirma nunca fue votada. Soto, además, argumenta que el acta certificada enviada al Tribunal de Cuentas no necesariamente debe reflejar exactamente lo que dice el libro de actas de la sesión. La controversia se encuentra bajo la revisión del Tribunal de Cuentas, que juzgará la situación.
