Consideran que la cesantía de 175 trabajadores de la fábrica de zapatillas rompió con normas por no avisar con diez días de anticipación al Ministerio de Industria de la Nación.
«Tuvimos la reunión en el edificio municipal, junto con casi todos los actores políticos que estuvieron la última vez en la reunión de la cámara de comercio, así que se hizo una acta, un documento que va a elevarse a distintas áreas del gobierno que le compete nuestra situación, que podemos hacer al respecto, así que cada uno desde nuestra posición vamos a elevarla a lo que les corresponda».
La Mesa de Defensa del Trabajo, integrada por gremios, diputados, intendentes, concejales, ministros y dirigentes misioneros, reclamó a la empresa Dass y al Ministerio de Industria y Trabajo de la Nación la inmediata reincorporación de los 175 empleados despedidos “ante la manifiesta ilegalidad del trámite administrativo” al no haber cumplido con el decreto nacional 1043/18 que exige a las empresas que avisen los despidos con diez días de anticipación al Ministerio encabezado por Dante Sica.
Enviaron una nota a la empresa Dass, cuyo apoderado es el diputado radical de Cambiemos Gustavo González, exigiendo “la inmediata reincorporación de todos los despedidos ante la manifiesta ilegalidad del trámite administrativo”.
Pidieron al Ministerio de Industria y Trabajo que “notifique a la empresa que debe ajustar su procedimiento a las leyes y normativas vigentes”.
Asimismo, por insistencia del diputado del PAyS, Isaac Lenguaza, las partes acordaron gestionar la modificación del decreto 1043/18 “a los fines de que se notifique a los organismos de Trabajo de cada provincia, en forma previa, sobre los despidos y que la citación de ese organismo sea obligatoria a los gremios y empresas; y que el decreto no tenga fecha de caducidad”.
El decreto nacional exige a las empresas de todo el país que deben notificar al Ministerio Nacional cada vez que van a despedir, con diez días de anticipación, para que la Nación trate de evitar la situación.
Pero el problema es que caduca el 31 de diciembre por eso se pretende que no tenga vencimiento. Y el otro punto apunta a que se avise también a los ministerios provinciales, para que puedan intervenir en el conflicto laboral.
El próximo 10 de enero, volveran a reunirse, tratando de acordar soluciones y analizando los eventuales avances logrados.
Extraprensa.com