En una sesión cargada de tensión y debates encendidos, el Senado de la Nación decidió este jueves, por una amplia mayoría, la expulsión del legislador peronista disidente Edgardo Kueider. La medida se tomó tras su reciente detención en Paraguay junto a su secretaria, en posesión de más de 200.000 dólares sin declarar. Con 60 votos a favor, seis en contra y una abstención, el Senado concretó su remoción, marcando un triunfo significativo para el bloque kirchnerista, que con esta decisión asegura un escaño más en la Cámara Alta.
Aunque inicialmente la medida contaba con apoyo limitado, en el transcurso de las discusiones varias bancadas dieron un giro y se unieron a la moción. Entre ellas, se destacó La Libertad Avanza (LLA) y sectores divididos de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro, quienes enfrentaron tensiones internas por la postura adoptada.
El tablero final de la votación reflejó no solo la contundencia de la decisión, sino también las ausencias estratégicas de algunos legisladores, como los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, y el radical Víctor Zimmermann, quien obtuvo licencia hasta febrero próximo.
La expulsión de Kueider, quien había ingresado al Senado en 2019 representando al kirchnerismo antes de distanciarse en 2023, representa un logro clave para el bloque oficialista. La banca será ocupada por la diputada provincial Stefanía Cora, referente de La Cámpora, lo que eleva a 34 el número de senadores alineados con el cristinismo. Esto acerca al bloque a recuperar el quórum y la mayoría propia, una meta estratégica para el oficialismo.
El debate también expuso las fracturas internas en las bancadas opositoras. Desde el interbloque Provincias Unidas, el senador Carlos Espínola expresó su incomodidad con el caso, pidiendo tiempo para analizar mejor la situación judicial de Kueider. Por otro lado, representantes del Pro y la UCR evidenciaron posturas divididas, entre llamados a la ejemplaridad y críticas al manejo del caso por parte del kirchnerismo.
José Mayans, líder del bloque oficialista, calificó la situación como un caso flagrante de corrupción, utilizando el artículo 66 de la Constitución para justificar la exclusión por inhabilidad moral.
