La comisión de Discapacidad de la Cámara baja sacó un dictamen con acuerdo de todos los bloques, excepto La Libertad Avanza, para que el nomenclador de prestaciones sea obligatorio.
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El proyecto que consiguió aval en el Congreso toma lo presentado por la diputada por Córdoba Natalia De la Sota (Hacemos Coalición Federal) y por el bloque de Unión por la Patria, en particular, del diputado Daniel Arroyo. El dictamen contó con el aval de todos los bloques excepto el de La Libertad Avanza.
El contenido de la iniciativa legislativa plantea que el nomenclador, es decir la lista de las prestaciones de las personas con discapacidad, sea obligatorio, y que también sea universal e integral “contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral, garantizando el mismo tipo y nivel de prestaciones de acuerdo a sus necesidades y requerimientos”.
Para ello se establecen cambios a la ley 24.901 de Discapacidad aprobada en 1997. Natalia De la Sota dijo respecto al proyecto: “Como representantes de los argentinos, estamos en la obligación de buscar que jamás ningún gobierno que esté en el poder ejecutivo intente avasallar los derechos de las personas con discapacidad. Por eso este proyecto busca que quede en el texto de la ley, que los derechos humanos de las personas con discapacidad también se deben proteger”.
La iniciativa también establece que la integración del Directorio se modifique dando participación a la sociedad civil. “Por primera vez se incorpora a la persona con discapacidad, beneficiaria del sistema y también a representantes de los prestadores, que se encuentran en el registro nacional. No es caprichosa la conformación, sino justa, porque no podemos decidir sobre lo que no se vive, y son los protagonistas de estas políticas quienes también deben tener intervención”, dijo De la Sota.
El proyecto surgió de la iniciativa del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) y se sumaron la Asociación Civil Red de Asistencia Legal y Social, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), el foro permanente de Discapacidad, profesionales de marcada trayectoria en la materia y organizaciones que son parte del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis) y que representan y acompañan a las personas con discapacidad a lo largo y a lo ancho del país.
Ahora deberá pasar a la Comisión de Hacienda, obtener dictamen y, entonces, ir al recinto, para su aprobación con media sanción.
Una contrapropuesta al proyecto de Nación
Por ello, el pasado 28 y 29 de mayo hubo marchas en todo el país en rechazo a esta propuesta. En Córdoba se realizaron movilizaciones los dos días.
“(Con el decreto) habría personas que tendrán acceso a coberturas de primera, otras de segunda y también de tercera y cuarta. Entendemos que esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir y que hoy se adecua a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es un orgullo para nuestra patria”, indicaron organizaciones que trabajan con discapacidad en un comunicado que emitieron el día de la marcha.
Desde el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba también habían expresado su “total rechazo hacia el proyecto que propone la desregulación del nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad, situación que implica un retroceso en los derechos adquiridos por el colectivo”. Fuente: La Voz
